Aquellos de mi generación, los que andan por la treintena, recordamos la época en que la objeción de conciencia al Servicio Militar era un hecho generalizado. Ni que decir tiene que los motivos reales de cada uno resultaban de lo más variados, incluidos los propios motivos de conciencia, en mi caso he de decir que acabé haciendo el Servicio Militar, más por cuestiones de comodidad y tiempo, que por convicción. Pero una cosa quedó clara tras aquellos años: la objeción, acabó con el Servicio Militar obligatorio, dejando paso a unas Fuerzas Armadas profesionales, el primer Gobierno de Aznar vio con acierto que no cabía otra opción. De todo ello me interesa resaltar una cosa, a pesar de los variopintos motivos que cada cual tuviera para objetar, se respetó un principio que queda implícito en cualquier sistema de libertades: el derecho a la objeción por motivos de conciencia.
Que esto es así es evidente, sin embargo, conviene resaltarlo precisamente ahora, cuando se matiza, o directamente se cuestiona, este derecho con motivo de las críticas del actual Gobierno a aquellos padres que deciden objetar respecto a la polémica asignatura que se quiere implantar en la nueva, y ominosa, reforma educativa: la Educación para la Ciudadanía.
Sí, existen barreras infranqueables, barreras que ningún Gobierno tiene el más mínimo derecho a traspasar pretextando cualquier motivo, barreras que salvaguardan la esfera del individuo y definen su libertad, no reconocerlo es acabar con el principio de libertad. Alegar motivos de conciencia para impedir que los propios hijos sean educados bajo un determinado prisma moral cuya adopción o no, en nada afecta al ordenamiento constitucional, es un derecho inalienable, le guste o no al Gobierno; le guste o no a aquellos que defienden esas opciones morales. Si se reconoce el derecho a no realizar el Servicio Militar por motivos de conciencia, se debe igualmente reconocer el derecho a educar a los propios hijos en aquellos valores que los progenitores consideren oportunos, sean éstos “políticamente correctos” o no. Repito es un derecho inalienable, y es algo que pertenece a la esfera en la que ningún Gobierno, ni puede, ni debe, meter las narices jamás.
Bajo todo ello laten dos cosas importantes, una primaria, y otra de fondo, y que a mi juicio definen un ideario, que no ideología, liberal: la diferencia entre educar e instruir; y la delimitación entre vida privada y legislación.
Respecto a la primera, la distinción es básica. Puede ser competencia de un Estado, y por tanto puede legislar al respecto, la instrucción de sus ciudadanos, es decir, la adquisición de conocimientos mínimos en determinadas materias que le capaciten en su vida profesional o intelectual. Y digo puede, ya que a día de hoy, nadie me ha demostrado la absoluta bondad de un sistema público de enseñanza, pero eso es otra cuestión. Educar es otra cosa, implica la adquisición de valores, la adopción de un código moral y de conducta, una determinada manera de entender la vida y las relaciones entre personas. Y eso es algo que únicamente pertenece a la esfera individual, al ámbito privado, algo que ningún Gobierno puede condicionar, ni perseguir, ni silenciar. Educar, por tanto, a los propios hijos en aquellos valores que los progenitores consideren adecuados, es un derecho y una responsabilidad de los mismos, no teniendo el Estado nada que decir. Puede suceder, que determinados valores puedan chocar con un ordenamiento constitucional comúnmente adoptado, o cercenar libertades individuales, pero para estos casos están los tribunales de justicia que, en su caso, tendrán algo que decir. Cuando un Estado educa; adoctrina, condiciona y, por tanto, se abroga atribuciones que no tiene. El Estado puede instruir, pero no educar, hacerlo sería inmiscuirse de manera intolerable en la vida privada de los ciudadanos, condicionar los modos de vida que libremente han elegido, y tomar partido en cuestiones en las que ni puede ni debe hacerlo. Las relaciones de ciudadanía, que aseguran el ámbito privado, desaparecen, y son sustituidas por relaciones de “parentesco” que uniformizan a la vez que excluyen.
Esto último está en íntima relación con una cuestión de fondo que distingue y define de alguna forma el ideario liberal: la demarcación entre esfera privada y legislación. No se puede, ni se debe legislar todo, al contrario, el ámbito de lo legislable debe ser un “mínimo común denominador” que asegure la convivencia, y no sólo eso, debe sobre todo asegurar la libertad individual, protegiendo, por tanto, los modos de vida y actuación que cada individuo ha decidido elegir sin perjuicio de la libertad de los demás. Así pues el Estado no patrocina, ni promueve ningún valor, no legisla sobra nada que afecte a la vida de los individuos salvo en la medida que se puedan cercenar libertades ajenas, debe asegurar la libre expresión de voluntades y modos de vida, y no condicionarlos. Está claro que las distinción entre ámbito público y privado es difusa, pero que la frontera sea difusa no implica de ningún modo que no exista distinción alguna. Siempre existirá una zona de solapamiento sobre la que se podrá discutir, pero cuestiones tales como la moral, o los valores, pertenecen sin ningún género de duda al inviolable ámbito privado.
La idea de fondo de aquellos que promueven la implantación de la citada asignatura, o algo mucho peor, de aquellos que pretenden “educar en valores”, es confundir, de manera deliberada, educación e instrucción, equiparando de alguna forma, pongamos por caso, la divisibilidad de un polinomio, con la correcta actitud a tomar en la problemática de la eutanasia, algo sobre lo que no hay una respuesta clara y compete a la conciencia de cada individuo. Es una confusión que pretende hacer pasar por conocimiento aquello que no lo es, aquello que en todo caso es opinable y sobre lo que existen diferentes maneras de verlo y vivirlo, en principio respetables en la medida que no cercenen libertades ajenas. En definitiva, confundir educación e instrucción, es adoctrinamiento.
Es un error, error interesado, plantear la polémica que se ha abierto al respecto, como un enfrentamiento entre el Gobierno y una determinada confesión religiosa, en este caso la Iglesia Católica. Es algo cuya implicación supera este enfrentamiento, algo que he intentado explicar en estas líneas. Yo, particularmente, no soy creyente, diverjo de muchas de las posturas de la Iglesia sobre diversos temas, pero considero que la opción que han tomado muchas familias, en su mayoría católicas, al respecto, es no sólo digna y respetable, si no necesaria, algo que les honra como ciudadanos, por que de eso se trata, de ciudadanía.
Terminaré citando a un famoso jacobino, y lo citaré sin ironías y con pleno conocimiento de causa:
“La vida privada del ciudadano, no la turbéis.”
Louis Antonine Saint-Just.
Publica: Pirx (Also Knows As: fermat)
Extracto de la entrada Vigilar y adoctrinar. Argumentum ad Absurdum
